DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS, CIUDADANAS Y SINDICALES, VALENCIANAS, CASTELLANO-MANCHEGAS Y DE ÁMBITO ESTATAL, PRESENTES EN LA MESA DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CUENCA DEL JÚCAR
El Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana incumplen la Directiva Marco del Agua en la cuenca del Júcar
La ausencia de voluntad política mantiene paralizado sine die el nuevo Plan de Cuenca del Júcar
A finales de 2000 entró en vigor en toda la Unión Europea la Directiva Marco del Agua. Esta legislación, cuya aplicación es obligatoria en todos los estados miembros de la Unión, marcó un punto de inflexión para reconducir la política del agua hacia la protección de los ecosistemas y hacia el uso sostenible a largo plazo de los ecosistemas, una vez constado el nivel de deterioro de nuestros ríos, acuíferos, fuentes, manantiales y humedales.
En este sentido, la Directiva contempla un proceso de planificación hidrológico abierto a la participación de toda la sociedad -no sólo de los usuarios económicos- con un calendario de trabajo –que finaliza en 2009-, cuyo objetivo es el de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua en 2015, así como el uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos.
En la actualidad, enero de 2009, la Demarcación Hidrográfica del Júcar acumula ya más de un año de retraso con respecto al calendario para la realización de los trabajos de elaboración del Plan de Cuenca establecido por la Directiva Marco del Agua y por la Ley de Aguas española; y, el proceso de planificación se encuentra paralizado sine die al no tomarse una decisión que resuelva y delimite cuál es el ámbito territorial de planificación y gestión que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente (cuencas intercomunitarias) y cuál es el de competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana (cuencas intracomunitarias).
Las organizaciones firmantes, presentes en la Mesa de Participación para la elaboración del Plan de Cuenca, consideramos que el retraso acumulado en la planificación hidrológica no es aceptable. La situación actual de paralización de este proceso impide en la práctica la aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la Ley de Aguas y, por tanto, el cumplimiento de sus objetivos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Entendemos que el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son responsables de esta situación. El Gobierno de España, que es la autoridad competente para ello, debe definir el ámbito territorial de las demarcaciones con cuencas hidrográficas intercomunitarias; la Generalitat Valenciana, con competencia exclusiva en la planificación y gestión de todas las cuencas internas de la Comunidad Valenciana debe asumirlas; y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe dejar de defender la aplicación directa de la delimitación, recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, pues no se ajusta a la Directiva Marco del Agua.
En este sentido, pedimos al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ejerciten de manera urgente la responsabilidad pública que tienen encomendada y resuelvan este asunto ateniéndose a la Directiva Marco del Agua.
Las organizaciones firmantes consideramos que la situación en la Demarcación Hidrográfica del Júcar tiene relevancia comunitaria y que la Comisión Europea puede considerarlo un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua (artículos 3, 14 y 13). Cabe recordar que el Reino de España tiene abierto desde octubre de 2005 un procedimiento de infracción por el incumplimiento del artículo 3 de la Directiva Marco del Agua referente a la Coordinación de disposiciones administrativas en las demarcaciones hidrográficas.
Hace falta voluntad política para recuperar y proteger nuestros ríos, acuíferos, fuentes, manantiales y humedales
Esta situación de indefinición territorial es un síntoma preocupante de la insuficiente voluntad política para abordar, con transparencia y con participación, las medidas necesarias para recuperar y proteger nuestros ríos, acuíferos, fuentes, manantiales, estuarios y humedales, y para asegurar un uso racional y sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, dos de los objetivos centrales de la Directiva Marco del Agua.
Las organizaciones firmantes, presentes en la Mesa de Participación para la elaboración del nuevo Plan de Cuenca, pedimos que se retome el proceso de planificación hidrológica, y que se garantice la puesta en marcha de medidas efectivas –con objetivos claros y medibles, medidas concretas, financiación adecuada, calendario de aplicación, asignación y coordinación de responsabilidades y determinación y repercusión de costes- que al menos han de incidir en las siguientes cuestiones:
- Establecimiento de los regímenes de caudales ecológicos, requerimientos ecológicos y reserva de volúmenes ambientales en acuíferos, que permitan alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas así como el buen estado ecológico de las aguas superficiales dependientes de ellas, tal como exige la Directiva Marco del Agua.
- Declaración de sobreexplotación tanto del acuífero de La Mancha Oriental como de aquellas masas de agua con deterioro persistente de su estado cuantitativo y puesta en marcha de medidas efectivas que permitan recuperar sus niveles piezométricos en régimen natural. Dicha recuperación de los niveles piezométricos es el único camino para devolver la vida a todos los espacios del agua degradados o perdidos en los últimos años. En este sentido, es necesario que se aborde seriamente la revisión de los derechos concesionales y una reducción drástica de los bombeos para regadío, así como evitar futuras extracciones para nuevos proyectos urbanísticos intensivos en agua.
- Adecuación y garantía del suministro de agua de boca teniendo en cuenta las necesidades reales de la población y no la expansión urbanística desmesurada que se ha producido estos últimos años, garantizando el funcionamiento eficiente de las redes de distribución de manera que se reviertan los ahorros generados en la mejora del medio ambiente.
- La revisión de los derechos concesionales de los usos agrarios, especialmente de aquellos beneficiados por programas públicos de modernización de regadíos, de manera que las dotaciones concesionales se ajusten a las necesidades reales, revertiendo el ahorro generado para fines ambientales y evitando -en tanto en cuanto no se hayan revisado las concesiones y garantizado las demandas ambientales- la ampliación de facto de zonas regables o prácticas de cultivo más intensivas en agua o la cesión de derechos para usos distintos a los otorgados en la concesión original.
- Fijación clara de los objetivos de calidad físico-química y ecológica de las masas de agua, para terminar con la contaminación y destrucción de hábitats de las aguas superficiales y subterráneas, con el objetivo de alcanzar un buen estado en 2015, cumpliendo con los objetivos específicos de las Zonas Protegidas (entre otras, los espacios protegidos de la Red Natura 2000 que dependen del agua).
- Participación pública real y efectiva y transparencia y acceso a toda la información relevante para la planificación hidrológica, de manera que el nuevo plan de cuenca no nazca viciado por la opacidad y la arbitrariedad, impropias de la política de una democracia moderna.
Las organizaciones firmantes consideramos que la omisión del planteamiento de estas cuestiones –o su tratamiento inadecuado- no hará más que cerrar en falso, una vez más, el problema del agua en el Júcar, como ya ocurrió en el Plan de Cuenca de 1998 –producto del Pacto Bono-Zaplana-, propiciando tensiones y conflictos sociales y territoriales así como contribuyendo al deterioro de los ríos, acuíferos, manantiales y humedales del Júcar.
Firman esta declaración:
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ALBACETE
ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA MANCHUELA
XÚQUER VIU
ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ
ECOLOGISTES EN ACCIÓ PAÍS VALENCIA
WWF/ADENA VALENCIA
SEO/BirdLife
FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA
COMISIONES OBRERAS